Investigaciones recientes de la Policía Nacional Civil (PNC) han sacado a la luz una compleja trama que involucra a la periodista Bertha Michelle Mendoza, actualmente radicada en Estados Unidos. De acuerdo con los informes, el caso gira en torno a un presunto secuestro ocurrido en 2009, el cual, según las nuevas evidencias, habría sido planeado con el objetivo de incriminar a su exmarido. La información obtenida sugiere que Mendoza contó con la colaboración de sus propias hijas para ejecutar este supuesto montaje, utilizando la manipulación de pruebas y la difusión de noticias falsas como parte de su estrategia.
Las pesquisas policiales indican que durante el supuesto secuestro, Mendoza y sus hijas se encontraban acompañadas por la hija del alcalde de Zunilito, Suchitepéquez. No obstante, la investigación reveló posteriormente que el evento fue orquestado por la propia Mendoza en conjunto con su madre, la fiscal Claudia Martina Muñoz Andrade. Esta conexión ha generado un revuelo significativo, dado el posible abuso de poder que implicaría la participación de un miembro del Ministerio Público en un hecho de esta magnitud.
Fuentes cercanas a Mendoza han indicado que el propósito de este autosecuestro era fabricar pruebas y acusaciones falsas contra su exesposo, Dent, buscando afectarlo legalmente. Sin embargo, la narrativa tomó un giro inesperado cuando las investigaciones oficiales desestimaron la versión inicial, determinando que se trataba de un caso de autosecuestro. Como resultado, los sospechosos inicialmente detenidos fueron liberados y absueltos de todos los cargos, lo que puso en entredicho la veracidad de las acusaciones que Mendoza había sostenido contra Dent a lo largo del tiempo.
Este escándalo ha reavivado el debate sobre el uso indebido del sistema judicial y la propagación de información falsa en los medios. La implicación de una fiscal en este caso agrega una capa de complejidad, ya que plantea interrogantes sobre ética, abuso de poder y manipulación de la justicia.
Con las recientes revelaciones, la credibilidad de Mendoza queda bajo escrutinio, mientras las autoridades evalúan si existen más responsabilidades legales derivadas de este presunto montaje. La opinión pública sigue atenta a los avances en la investigación, mientras el caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación y transparencia en el manejo de información judicial y mediática.
